COLAPSO EN LOS JUZGADOS MERCANTILES
Los juzgados de lo Mercantil pierden personal y se colapsan La Oficina del Acreedor, que se encargaba de repartir las comunicaciones de los concursos, cerró ayer sus puertas.
Los tres juzgados de lo Mercantil de Valencia están en una situación límite que se empeoró ayer notablemente. Según explicaron desde el colegio de procuradores a LAS PROVINCIAS, ayer se llevó a cabo el cierre de la «Oficina del Acreedor», un órgano dotado por media decena de funcionarios que ha servido en los últimos meses para evitar el colapso ya que se encargaban de aligerar de trabajo a los juzgados. Los tres magistrados de lo Mercantil de Valencia reciben decenas de concursos de acreedores para declarar cada semana que se unen a los centenares que gestionan. Uno de los mayores problemas que tienen los acredores, que tienen que conocer cómo evolucionan sus procesos, es el acceso a las providencias y autos que firman los jueces. La Oficina del Acreedor, que estaba habilitada junto al juzgado 1 de lo Mercantil, cumplía esta labor de burócrata de modo que los abogados conocían como evolucionaban sus casos de una forma rápida y sin cargar de trabajo a los funcionarios de cada uno de los juzgados. La eliminación de este servicio, según fuentes financieras de la Comunitat (los principales acreedores en los procesos concursales), va a provocar un «caos» en los juzgados. Tal y como explican estas fuentes, no sólo va a ser un problema para los bancos y cajas de ahorros, sino que las empresas en concurso tendrán más complicada su salida del proceso. Los pequeños proveedores tendrán, según aseguran fuentes del juzgado, más complicado saber si están afectados por un concurso de acreedores y, en el caso de verse inmersos en un proceso de este tipo, el cobro se retrasará. Uno de los problemas más grandes que generá el continuo recorte de medios humanos en los juzgados es el retraso en los embargos. Estas demoras se traducen en problemas financieros añadidos de los que acreedores cuya única forma de cobrar las deudas que tienen es con la subasta de los bienes de su deudor. Según explican desde el colegio de procuradores de Valencia, el servicio de comunicaciones y embargos es el que más esta sufriendo la falta de recursos. «Los embargos que se declaran hoy se les pone fecha para mediados de marzo y esto es muy grave porque, mientras tanto, se paraliza completamente el proceso judicial. Son cinco meses de retraso». ¿Por qué pasa esto? El recorte de gastos ha afectado a los taxis que están al servicio de los juzgados. «De 22 se ha pasado a 10». Cuando se tiene que realizar un embargo «hay que llevar muchísima documentación por lo que es necesario un servicio de transporte», comentan. «Lo realmente grave es que las comunicaciones de embargo no llegan a los afectados por lo que se están dando el caso de que algunas se tienen que volver a citar», advierten. Esto pasa porque el afectado por un embargo debe tener conocimiento del mismo 20 días antes de la celebración de la subasta y debido a la falta de funcionarios las comunicaciones no se hacen con la diligencia oportuna y, en algunas ocasiones, estos avisos nunca llegan. «La notificación de las subastas muchas veces no se pueden hacer porque el afectado no está en casa. Para eso hay que pedir habilitación de horas, es decir, ir por la tarde o por la noche para encontrar al afectado en su domicilio y entregarle la notificación. Ahora, cuando pides una habilitación de este tipo te la conceden para junio», expilcan las mismas fuentes.
laprovincia.es
Escrito por concursodeacreedores
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