Ir a concurso no es una desgracia

 

El empresario que atraviesa una situación económica difícil, “insolvencia”, dispone de una herramienta muy útil a los efectos de buscar una solución eficiente a la problemática en la que se encuentra, esta es, la Ley Concursal 22/2003.

Del análisis de las causas de la solicitud de concurso voluntario se observan los 3 grandes hitos que informan y otorgan la razón de ser de este procedimiento. Dichas causas son: 1.- La salida del mercado. 2.- La continuidad en el mercado. 3.- La protección de responsabilidad personal.

En relación al primero consiste en que el empresario que se encuentra en dificultades económicas tiene derecho a salir del mercado. La Ley Concursal (LC) trata de evitar la permanencia en el mercado de entidades mercantiles que generan incumplimientos, deudas y, por tanto, perjudican al resto de entidades que se encuentran en el tráfico mercantil. Son empresas que buscaran la liquidación poniendo fin a su actividad de forma ordenada. Condiciones para la salida del mercado:

 A.- Imposibilidad de liquidar las deudas sociales con los activos de la empresa. B.- Inviabilidad del negocio. C.- Previsión de no alcanzar convenio con los acreedores.

Una segunda causa de solicitud de concurso voluntario, tal y como hemos dicho, es la voluntad de continuidad en el mercado de la empresa que se encuentra ante:

A.- Imposibilidad de hacer frente a los compromisos financieros. B.- Viabilidad del negocio mediante su reestructuración. C.- Previsión de alcanzar convenio con los acreedores.

Se trata de reasignar los recursos de la empresa con la máxima eficiencia a fin de mantener la continuidad de la misma en el tráfico mercantil.

En ello consiste la gran apuesta que realiza la LC; la CONTINUIDAD, fundada en la viabilidad de aquel negocio que precisa de ciertos ajustes y correcciones. La LC busca sacar del tráfico mercantil aquella empresa afectada por la inviabilidad de su negocio, y aboga por la continuidad en el mercado de aquella empresa que desarrollando un negocio viable se ve afectada por la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos financieros o precisa de una reestructuración financiera y/o económica.

Por último, la tercera causa que justifica la solicitud de concurso voluntario es la búsqueda de la protección de la responsabilidad personal del administrador u órgano de administración de la empresa en cuestión. El empresario trata de evitar la condena al pago de las deudas sociales a título personal, esto es mediante su patrimonio particular. La presentación de concurso se constituye como una vía de protección para el empresario que, encontrándose en una situación económica difícil, puede proteger su patrimonio mediante el cumplimiento de determinados requisitos, y tales son:

 A.- Cumplimiento de determinadas obligaciones formales. B.- Ausencia de determinados comportamientos dolosos. C.- Solicitud de concurso en el plazo legal. • La acción social de responsabilidad la abarcaremos en un próximo artículo, que estará íntimamente ligado a la explicación de estos requisitos. En definitiva, el empresario que haya actuado en la ejecución de sus deberes y obligaciones con la diligencia que le exige el Código de Comercio no deberá responder de las deudas de la sociedad a título particular mediante su patrimonio personal, sino que será mediante el patrimonio de la empresa, y hasta donde este alcance, con el que se intentara satisfacer los créditos de los acreedores.

En conclusión, ir a concurso no es una desgracia, el empresario tiene derecho, bien a salir del mercado de una forma digna y ordenada, bien a continuar en el mismo mediante su reestructuración y reasignación de recursos. Ello se puede resumir en: ORDEN en la liquidación, EFICIENCIA en la continuidad, PROTECCION de la responsabilidad.

Óscar González.

Abogado

Air Comet presenta concurso de acreedores

La compañía que preside Díaz Ferrán anunciará mañana un ERE para la totalidad de la plantilla

EUROPA PRESS  21/12/2009

 

Air Comet presentará mañana un ERE que afectará a los 640 trabajadores de su plantilla e iniciará los trámites para presentar un concurso voluntario de acreedores para afrontar la deuda derivada del embargo de su flota que asciende a más de 20 millones de dólares (unos 14 millones de euros), según informaron fuentes sindicales.

 

Gerardo Díaz Ferrán

Un juez británico ha dictado una orden de embargo sobre los 13 aviones de Air Comet, propiedad de la empresa Astra, con base en Irlanda, y también propiedad del grupo Marsans, ante el impago de un crédito a 25 millones de dólares (17,2 millones de euros) con el banco alemán Nord Bank, por el que este banco presentó una demanda judicial.

Paralizada la venta de billetes

De hecho, ante la imposibilidad de operar y de hacer frente al carburante, la venta de los billetes de Air Comet se paralizó el pasado sábado. Los dos comités de huelga, integrados por representantes del colectivo de Estructura y Vuelo (pilotos, mantenimiento y oficinas) y de handling solicitaron esta tarde reunirse con la dirección de la aerolínea, para pedirles una vez más garantías suficientes para el cobro de las nóminas atrasadas, hasta seis meses en algunos casos, una vez que los trabajadores constataron que “sólo se han cobrado algunos pagarés”.

No obstante, fuentes de la compañía, que reconocieron la “inquietud” existente entre los 640 trabajadores que conforman la plantilla, explicaron que algunos talones necesitan 24 horas para ser efectivos. Los propietarios de la aerolínea, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, se comprometieron a abonar todos los salarios atrasados, que en algunos casos alcanzan hasta los seis meses antes de finalizar el año en dos plazos, los días 21 y 30 de este mes.

¿Por qué el precio de los pisos no cae?

 

¿Por qué el precio de los pisos no cae?

 

@S. McCoy – 18/12/2009 

 

 

 

No hay que ser un lince para darse cuenta que el mercado inmobiliario español algo falla. Todos los posibles elementos de análisis apuntan, desde hace meses, a la necesidad de una fuerte contracción de los precios como requisito previo para que se produzca una reactivación del sector. Sin embargo esta importante merma en las valoraciones, que sería hasta deseable (Valor Añadido, ¿Caída del precio de las casas? Hasta un 50% en 2011), no se termina de producir ni en las imaginarias cifras oficiales, ni en las que se infieren de los informes de los distintos agentes del mercado. Incluso miembros de la Administración y algunas entidades financieras especialmente afectadas por la crisis se atreven a afirmar que la industria ha tocado suelo (Cotizalia, ¿Ha tocado fondo el mercado inmobiliario español?). Ahora que vamos despacio… 

Oferta y demanda. La difícil coyuntura económica y el endurecimiento en cuantía y garantías del crédito por parte de bancos y cajas han provocado el inevitable retraimiento de la demanda. Por el contrario, el stock de vivienda continúa siendo abundante y su cuantía varía, según los distintos autores, entre las 800.000 y los 2.000.000 de casas. Teniendo en cuenta que en 2009 se venderán alrededor de 200.000, estamos hablando de unos cuatro años para absorber la oferta sectorial, sin actividad adicional alguna, en el mejor de los mundos posibles. Deberían existir liquidaciones por derribo generalizadas. ¿Y entonces? 

Renta Bruta de la Unidad Familiar. Tal desequilibrio se ratifica con los dos parámetros que tradicionalmente se utilizan para medir la capacidad y/o el interés de compra de una vivienda según su destino sea como residencia habitual o inversión. En el primer caso estamos hablando de las veces que el coste del inmueble queda comprendido en la renta bruta de la unidad familiar. Tras un pico por encima de 7, en la actualidad el Servicio de Estudios del BBVA estima que se encuentra en 6.5, sustancialmente por encima de una serie histórica que transita alrededor de 4. Han caído los precios pero también los ingresos familiares. El esfuerzo sigue siendo ingente y aventuraría per se una contracción importante del punto de equilibrio. ¿Y entonces? 

Escasa rentabilidad del alquiler. Por lo que respecta a la rentabilidad de la vivienda, medida como ingresos de alquiler sobre desembolso efectivo, impuestos incluidos, se llegó en el pico del ciclo a retornos por debajo del 2%, inferior incluso al coste del dinero. Importaba entonces poco la renta ya que la plusvalía que proporcionaría el mero transcurso del tiempo permitiría, con creces, compensar lo perdido. En la actualidad, la enorme disponibilidad de inmuebles ha provocado una reducción importante del importe de los alquileres. Este hecho ha impedido la mejora del rendimiento que debiera haber traído consigo el menor precio de la vivienda. Si no es rentable la inversión, lo normal es no acometerla o proceder a su liquidación. ¿Y entonces? 

Entonces se ha producido la convergencia de tres factores que actúan contra el ajuste en el precio del residencial español, resumen de los que ya apuntáramos en diciembre de 2008 (Valor Añadido, En 2011 pisos un 50% más baratos). El primero son los bajos tipos de interés, siempre que la financiación del residencial no sea a tipo fijo o esté afectada por suelos o floors. Actúan sobre los tres agentes principales involucrados en este mercado. El particular en activo cuenta con una mayor renta disponible a la hora de afrontar sus pagos; el promotor puede, con una minúscula actividad, mantenerse como zombi andante, hasta que no da más de sí; las entidades financieras, provisiones y costes asociados aparte, ven como el diferencial entre el coste de su pasivo y la ausencia de rentabilidad de su activo inmobiliario es muy bajo por lo que prefieren esperar acontecimientos antes que precipitarse en ventas a pérdida. 

A ello se une, en segundo lugar, el sistema de garantías establecido por ley o mediante pactos privados en el mercado hipotecario español. Así es infrecuente el uso de la excepción que establece el artículo 140 del Texto Refundido de la Ley Hipotecaria (TRLH) al principio  responsabilidad patrimonial universal por las deudas que establecen los artículos 1911 del Código Civil y 105 del propio TRLH: “del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”. De ahí que, aunque el valor de mercado de la vivienda sea inferior al del crédito, se haga todo lo posible por evitar la ejecución por parte del acreedor. Una actitud que se ve reforzada por tres realidades adicionales: la fácil identificación del propietario y su deuda debido al sistema de fe pública patrio, la utilización de la casa como prenda de todas las demás deudas del prestatario (agrupación de créditos) o la existencia de garantías de un tercero, normalmente familiar, que responde subsidiariamente en caso de impago por lo que, ante la amenaza de ejecución, prefiere transferir renta al deudor antes de verse afectado en su propio patrimonio. 

Por último se encuentra toda aquella masa laboral, propietaria de vivienda, que se ha visto abocada al desempleo. En los parados, se juntan tres realidades que, de momento, les permiten conservar sus inmuebles. En primer lugar, gran parte de ellos han recibido la indemnización establecida en el ordenamiento laboral, lo que les ha dado un respiro temporal; en segundo término, la mayoría siguen disfrutando de las prestaciones de la Seguridad Social ya que no hay que olvidar que hace apenas dos años que se iniciara la crisis, plazo inicialmente fijado para la caducidad de tales subsidios públicos; y tres, el enorme tamaño de la economía sumergida en este país es tal -20% del PIB- permite a algunos de ellos generar ingresos en B suficientes como para ir capeando el temporal. 

Seguro que existen otras múltiples razones -que ustedes incorporarán a partir de este punto en el foro- por las que el mercado residencial, que no admite una generalización como la que en este post se hace, mantenga tan feroz resistencia al desplome de sus precios. Sin embargo creo que estos son los tres argumentos principales. Si la difícil coyuntura actual perdura y viene acompañada de un encarecimiento del coste de financiación, los esfuerzos por retener la vivienda en propiedad serán en vano. Probablemente se dé entonces el efecto avalancha: un copo de nieve más y todo se derrumbará. De cara al futuro de España, aunque esté mal decirlo, cuanto antes de produzca mejor. Sólo así se podrá producir esa destrucción creativa de Schumpeter, y defendida ahora por Shiller, tan necesaria en nuestro país. Ahora, su turno. Buen fin de semana a todos. 

Más en http://twitter.com/albertoartero (en abierto) y en la cuenta de Facebook de Alberto Artero (por invitación).

Aluvión de ejecuciones hipotecarias de familias en 2010

Un aluvión de desahucios amenaza con poner en jaque a la banca en 2010.

 Publicado el 18-12-09 , por J. Sánchez Arce

La banca española se enfrenta a partir del próximo año a una nueva embestida de la crisis inmobiliaria. Entre 2008 y 2009, las entidades absorbieron los inmuebles de las promotoras insolventes a través de los procesos de dación en pago, en una dinámica que ya las ha convertido en las primeras gestoras de activos del mercado. A partir de 2010, se verán obligadas a lidiar con los embargos de viviendas, vía ejecución hipotecaria, a los particulares en mora. Se calcula que la banca tendrá que absorber a partir de 2010 un aluvión de entre 100.000 y 150.000 viviendas inmersas en expedientes de ejecución hipotecaria. Estos expedientes tienen su origen en las demandas por impago que entraron en tromba en los tribunales a partir del estallido de la crisis, fundamentalmente desde mediados de 2008 (ver cuadro). Estos casos siguen un determinado trámite procesal en los juzgados, que se prolonga entre unos meses y algo más de un año. Durante los últimos 18 meses, estos expedientes han planeado, como buitres en el cielo, sobre las cabezas de las entidades financieras, pero la abultada carga de trabajo de los juzgados hipotecarios ralentizó la tramitación procesal de estos casos, aplazando la ejecución de las viviendas impagadas. A partir del 2010, estas ejecuciones empezarán a representar el «mayor problema de los bancos», según Ernesto Tarazona, director de Corporate Recovery de Knight Frank, una consultora especializada en asesorar a la banca en materia de gestión de activos inmobiliarios. Venta a valor liquidativo El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en 114.958 los expedientes de ejecución hipotecaria previstos para este año, frente a los 58.688 de 2008. Para 2010, las ejecuciones hipotecarias estimadas por el órgano ascienden a más de 180.000. Normalmente, estos casos terminan con la adjudicación en subasta del activo a un comprador, un proceso que puede conllevar determinadas minusvalías para el vendedor, si el precio de venta no alcanza el importe de la hipoteca impagada. Las inmobiliarias de las entidades se quedan, por lo general, con el activo a precio liquidativo Pero la crisis ha creado un problema añadido que agrava, aún más, el panorama de la banca: las empresas especializadas en adquisiciones en subastas, los llamados coloquialmente subasteros, han desaparecido del mercado. «Las empresas que se personaban en las subastas han dejado de acudir por falta de financiación», señalan fuentes del juzgado de primera instancia número 32 de Madrid (el único, junto al 31, especializado en ejecuciones hipotecarias en la capital española). Los expedientes de desahucio en este juzgado han aumentado un 300% en 2009. Al quedarse desiertas las subastas por falta de comprador (una situación similar a la del mercado libre), son las inmobiliarias de los propios bancos ejecutantes las que comparecen en la subasta para quedarse con la vivienda a precio liquidativo, es decir, al 50% del valor de tasación. Las consecuencias de esta dinámica pueden ser muy serias para la banca y para el sector inmobiliario en general. En primer lugar, las entidades financieras se enfrentan (ya están trabajando en ello, de hecho) a una nueva adjudicación en masa de cientos de miles de viviendas. Estos activos supondrán un mayor esfuerzo en términos de provisiones. Aunque, tras ejecutar la vivienda, una entidad pueda liberar parte o la totalidad de la provisión vinculada al crédito impagado, tendrá que realizar una nueva provisión contable por la propia adjudicación del activo, según los expertos. Esta dotación asciende al 20% del valor del activo adjudicado a partir del primer año de su entrada en libros, según la nueva normativa del Banco de España. Nuevo reto «Ninguna entidad financiera está preparada para asumir este nuevo parque de viviendas, ni por volumen de provisiones, ni por capacidad de gestión», señala Tarazona. «Es una cuestión que maneja cada entidad. Sin embargo, la banca tiene gran experiencia en gestión de morosidad y recobro, esta crisis no es la primera que ha de atravesar, señalan fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB). Un segundo factor a tener en cuenta es la distorsión potencial que esta nueva oferta, cuyo volumen puede ascender a entre el 15% o el 20% del stock actual, puede tener en el mercado de la vivienda. Al quedarse desiertas las subastas, los pisos entran al mercado por su valor liquidativo. El riesgo para los agentes del sector es que este inmenso volumen de viviendas depreciadas rompa los diques de contención levantados para sostener el precio de la vivienda en España, que, según los expertos, debería caer entre un 20% y un 30% adicional.

¿por qué no hay crédito?

 

Santiago Niño Becerra – Miércoles, 16 de Diciembre

En El País Negocios del 22 de Noviembre, en sus Págs. 4 a 7, publicó un trabajo muy, muy bueno sobre el-problema-del-crédito. ilustraciónSu resumen avala lo que Uds. ya han leído aquí: que se ha crecido a base de crédito, que el crédito ha sido la razón por la que el PIB ha estado aumentando en los años del ‘España va bien’, de ‘el Mundo va bien’, que personas físicas y jurídicas han estado viviendo, muy bien algunas, a base de crédito, y que ese crédito se ha acabado.

Las entidades financieras empaparon a todo el mundo de crédito porque todo iba a más y de ese modo sus beneficios crecería;, pero ahora esas mismas entidades han cerrado el grifo porque ‘la morosidad’ (¿morosidad o impagadosidad?) ha alcanzado cotas estratosféricas: entre el primer trimestre del 2001 y el segundo del 2009 la morosidad ha aumentado el 208% en la Industria, el 2.027% en la Construcción, el 10.860% en las Actividades Inmobiliarias, el 2.065% en Adquisición de Vivienda, el 536% en Bienes de Consumo. ¿Cómo demonios van a dar créditos las entidades financieras si, además, han de hacer frente a sus propias deudas?: más de 410 miles de millones de euros de aquí al 2012: un tema tabú del que apenas se habla porque, simplemente mentarlo es pecado mortal.

Paralelamente, las entidades financieras cobran más por los créditos que aún conceden, dicen que es por el mayor riesgo que asumen, pero no entiendo el razonamiento: el riesgo de impago, ¿no se incrementa si quien tiene que pagar ha de pagar más?. ¿No será que buscan incrementar el margen por unidad monetaria prestada ahora que la oferta de pasta para prestar es menor que la demanda de crédito?.

Esta situación, con toda su carga de dramatismo (y aún no ha sucedido nada considerando lo que va a pasar) lo que ha puesto de manifiesto es el exceso-de-todo que existe en el escenario económico en el que nos estamos moviendo, aquí y allá: empresas que vivían del crédito, entidades financieras que existían gracias al crédito, consumo sustentado en el crédito, población activa ocupada gracias al crédito; cuando el nivel de deuda ha alcanzado el límite físico al que podía llegar, se acabó … el crecimiento.

Y el final de la historia está por llegar: cuando el-otro-tema-tabú salga a la luz, a mediados del 2010: el impacto de los activos tóxicos en los beneficios de las entidades financieras, a medida que se vaya clarificando la composición de esos balances que hasta ahora se ha querido ignorar (Dominique Strauss Khan, Gerente del FMI: aún está por salir la mitad de las cosas tóxicas que las entidades financieras mantiene en sus balances), se acabó: nada quedará debajo de lo que hay debajo. Muchas lectoras y muchos lectores me han preguntado cual puede ser el desencadenante cronológico del crash del 2010, pues este: puede ser ese el detonante que ponga en marcha un proceso hasta ahora artificialmente contenido. ¡Y aún hay quien pregunta cuando volveremos a ‘lo de antes’!. ¡Por favor!.

(Absolutamente necesario el artículo de Paul Krugman que El País Negocios publicó el pasado día 13 en su Pág. 25; leyéndolo con cuidado pueden extraerse una serie de conclusiones demoledoras. Desde Diciembre del 2007, momento en el que oficialmente en USA comenzó la ‘recesión’ (¿qué significa ‘oficialmente’?), la economía USA ha destruido ocho millones de empleos (a), pero simplemente para cubrir el incremento demográfico del país esa misma economía precisa crear 100.000 empleos al mes (b).

((a) significa que la economía ha evolucionado hacia un lugar en el que ha dejado de necesitar una cantidad de factor trabajo equivalente a ocho millones de empleos, y (b) que en los dos años que la economía USA lleva en recesión debería haber creado 2,4 millones de empleos, por lo que el déficit en número de empleos respecto a una situación de no-recesión es, a día de la fecha, de 10,4 millones)

Bien, supongamos que un tercio de esos empleos destruidos corresponden a puestos de trabajo que, en condiciones normales, estarían ocupados las 24 horas del día, que otro tercio se ocuparían en puestos que trabajan a dos turnos y que el resto es ocupado a jornada única de ocho horas; quiere ello decir que en USA se llevan volatilizados, desintegrados, casi 2,5 millones de puestos de trabajo en cada año de recesión, cuando hubiera sido necesario crear 0,7 millones para cubrir el crecimiento natural de la población.

En una tendencia en la que lo esencial va a ser la optimización del uso de los recursos y la productividad, ¿cómo va a volverse a una situación de ‘pleno empleo’ nominal?, Krugman dice que con un plan de estímulo suficientemente cuantioso para que relance el crecimiento; personalmente pienso que, simplemente, no es posible: que algo falsamente parecido al ‘pleno empleo’ fue, pero ya no volverá a ser jamás).

Santiago Niño Becerra. Catedrático de Estructura Económica. Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.

Cremalleras Rubí se asoma al concurso de acreedores

Cremalleras Rubí se asoma al concurso de acreedores. Martes, 15 de Diciembre de 2009 .

La compañía catalana Cremalleras Rubí tiene previsto presentar de manera inminente concurso de acreedores como única alternativa para asegurar la continuidad de la empresa, ubicada en la localidad de Rubí (Barcelona). Cremalleras Rubi cuenta entre sus clientes con marcas como Benetton y Zara. Cremalleras Rubí tiene entre sus clientes a empresas como Zara o BenettonCremalleras Rubí no pasa por su mejor momento debido a la caída generalizada de las ventas que han provocado distintos retrasos en el pago puntual de las nóminas, además de reclamaciones judiciales por parte de los empleados ante estos retrasos. Desde finales del año pasado, la compañía ha visto cómo su situación empeoraba ante la crisis bancaria y el cierre del grifo de los créditos por parte de las entidades financieras. Según informa el portal Economiadigital, la presentación del concurso de acreedores supondrá el despido de 84 de los 184 empleados que tiene la compañía.

La empresa, que remonta sus orígenes a 1929, mantenía una facturación anual de entre 9 y 10 millones aunque durante el último ejercicio sus cuentas se habían resentido ante el descenso de las ventas en el sector textil. En una planta de 12.000 metros cuadrados, los empleados fabrican todos los componentes que utilizan para crear una cremallera, desde la producción de cintas hasta el tinte o las unidades de galvanización y el montaje final de las cremalleras.

Los concursos de acreedores crecen un 130% hasta diciembre

Los concursos de acreedores crecen un 130% hasta diciembre.

Cinco Días – Madrid – 02/12/2009 Los concursos de acreedores crecieron un 130% hasta el mes de diciembre respecto a los 11 primeros meses del pasado año. Son datos del portal Webconcursal, especializado en la recogida y publicación de la información que sobre concursos de acreedores publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según los datos de Webconcursal, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se produjeron 5.490 concursos de acreedores, frente a los 2.382 registrados en el mismo periodo del año anterior. Las estadísticas publicadas por Webconcursal indican además que, sólo en noviembre, se produjeron 556 concursos, cifra muy cercana a los 560 de octubre. “Estas cifras nos acercarán con facilidad a las 6.000 empresas con problemas en toda España para el conjunto del año 2009″, afirma Àngels Roqueta, directora de Relaciones Institucionales de Webconcursal. En cuanto a los particulares, el número de personas físicas que ha pedido un aplazamiento de pago en los juzgados por su excesivo endeudamiento fue de 128 en el mes de noviembre, lo que supone un aumento del 5% con respecto al mes de octubre y del 120% con respecto al mes de noviembre de 2008 Con todo, un reciente análisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constató que, después de un crecimiento ininterrumpido desde el tercer trimestre de 2007, los concursos han sufrido una desaceleración importante en los tres primeros trimestres de 2009. Concretamente, el tercer trimestre de 2009 es el primero en el que se produce una reducción respecto al trimestre anterior, aunque si la comparación se hace respecto al mismo trimestre del año anterior, todavía se observa un incremento del 20,6%.

PRÓXIMA REFORMA CONCURSAL

Madrid, 1 dic (EFE).- La próxima reforma de la Ley Concursal, la que se aplica a las empresas y personas insolventes, regulará las operaciones que pueden realizar las compañías en dificultades para dar garantías y seguridad jurídica a los inversores, que se blindarán así en caso de que se declare un concurso de acreedores. Ésta es una de las principales líneas de actuación del grupo de expertos que se ha creado en el seno del Ministerio de Justicia para elaborar la reforma la Ley Concursal, que en principio está previsto que se eleve al Consejo de Ministros para su aprobación antes del próximo verano. En una entrevista con Efe, el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado, explicó que la nueva normativa busca profundizar en la regulación de las “situaciones preconcursales” más allá de las refinanciaciones de deuda, que se introdujeron en la Ley Concursal con los cambios aprobados en marzo. Entonces, el Gobierno estableció una serie de requisitos para que los acuerdos adoptados entre una empresa y sus acreedores -por ejemplo, entidades financieras- no pudieran ser anulados si la sociedad finalmente se declaraba en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Según Hurtado, el objetivo de la reforma también es reducir los costes y los plazos de tramitación de los concursos, lo que a su vez busca rebajar la carga de trabajo en los juzgados mercantiles, que tramitan este tipo de procesos. En este sentido, el grupo de trabajo, integrado por 19 expertos, tiene intención de dotar de mayor profesionalización y mayor responsabilidad a los administradores concursales (los que nombran los juzgados mercantiles para gestionar o supervisar empresas insolventes), de forma que adopten aquellas decisiones de menor relevancia. “La idea es que tengan un mayor peso como colaboradores para desjudicializar el proceso y liberar carga de trabajo administrativo a los jueces para que puedan tomar sus decisiones”, declaró Hurtado. Para reducir los plazos se prevén pequeños ajustes adicionales para que el concurso tome cuanto antes una decisión sobre si es necesario liquidar toda la compañía o sólo algunos activos, o bien es necesario promover un plan de pagos y viabilidad (convenio de acreedores), que facilite la supervivencia de la empresa. Además, algunos sectores piden que los importes que los acreedores reclaman a las empresas insolventes se comuniquen directamente a los administradores concursales y no directamente al juzgado, como se hace actualmente. Todavía quedan por perfilar los cambios que introducirá el nuevo texto en materia laboral, ya que los expertos siguen analizando estos aspectos, que posteriormente se tendrán que discutir con otros ministerios.

Lo mismo ocurre con el sobreendeudamiento de particulares, donde las opciones están todavía “muy abiertas”, ya que se están analizando los diferentes modelos existentes a nivel europeo.

Además de Hurtado, en la Sección Especial de la Comisión de Codificación Mercantil para la reforma de la Ley Concursal figuran desde miembros de la administración del Estado hasta catedráticos de Derecho Mercantil de la talla de Manuel Olivencia, Juana Pulgar, Ángel Rojo, Alberto Díaz Moreno y Esperanza Gallego. También están presentes varios representantes de la judicatura y de colectivos como los administradores concursales, representados por Antonio Moreno, presente en los procedimientos de insolvencia de Martinsa y Fórum Filatélico.

 

El grupo Coreme suspende pagos

El grupo Coreme suspende pagos Publicado el 28-11-09 , por S. Saborit Barcelona

La crisis económica sigue cebándose con el sector de la restauración. Los juzgados mercantiles de Barcelona recibieron ayer la solicitud de concurso de acreedores del grupo Comunidad de Restauración Mediterránea (Coreme), presidido por Armando Béjar. Se trata de una de las cinco compañías que utilizan en España la marca Paradís, que cuenta con una larga trayectoria en el sector de la hostelería. Según fuentes de la empresa, Coreme no es sinónimo de grupo Paradís, que no existe societariamente como tal. En este sentido, quieren dejar claro que hay compañías que operan como Paradís que no están afectadas por el concurso. Además de Coreme, han suspendido pagos una docena de empresas participadas por el grupo, que suman una plantilla fija total de 164 trabajadores. Según la compañía, el objetivo del concurso de acreedores es “lograr la viabilidad de futuro de la empresa”, que se ha visto especialmente damnificada por la crisis al operar en el negocio de la restauración industrial y corporativa. “Esta decisión ha sido necesaria para que Coreme salga reforzada y se someta al necesario ajuste de gastos para garantizar la perdurabilidad del negocio”, apunta la empresa, que confía en poder levantar el concurso en el menor plazo de tiempo posible. El reto del grupo, que no ha facilitado el pasivo, es reconducir su viabilidad financiera con la renegociación de la deuda que mantiene con entidades financieras y proveedores. Con sede en Molins de Rei (Baix Llobregat), el grupo Coreme está dirigido por Ingo Kraus y en los últimos meses ya se había visto obligado a efectuar despidos en varias de sus filiales. El origen del grupo se remonta al año 1967, cuando Armando Béjar instaló un restaurante en la finca Can Amat, en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). El establecimiento se especializó en banquetes y dio origen a un grupo que opera en el negocio del catering, gestión de restaurantes, concesiones y explotación.

www.expansion.com

Los acreedores de Reyal Urbis contratan a KPMG para que revise el plan de salvación de la empresa Reyal Urbis

Los acreedores de Reyal Urbis contratan a KPMG para que revise el plan de salvación de la empresa Reyal Urbis.

 El director general de banca de inversión de Lazard, Rodrigo Rato (Efe). Los bancos acreedores de Reyal Urbis han contratado a KPMG para que revise el plan de salvación de la inmobiliaria elaborado por el banco de inversión Lazard, según fuentes conocedoras de la situación. Las conclusiones de esta consultora sobre la viabilidad de la empresa serán la clave para que las entidades de acepten el plan o fuercen definitivamente el concurso de acreedores. Según las fuentes consultadas, el informe debe estar listo a fin de mes y la fecha tope para la refinanciación o el concurso es el 31 de diciembre. Lo que está haciendo KPMG se conoce como IBR (Independent Business Review) y consiste en una revisión del plan de negocio planteado por la empresa de Rafael Santamaría y Lazard para comprobar todos sus puntos: si el punto de partida es efectivamente el que recoge el plan o hay más “muertos en el armario”, si las perspectivas de negocio son realistas, si la actividad de la empresa es viable en el entorno actual, si las exigencias que debe aceptar la banca son las adecuadas para permitir dicha viabilidad, si los plazos de carencia son suficientes, etc. “No se trata de que los bancos no se fíen de Lazard; al contrario, su presencia en el proceso ha dado muchas más posibilidades de salvación a Reyal Urbis. De lo que se trata es de estar seguros de que merece la pena hacer el esfuerzo que se les pide, porque no lo que nadie quiere es seguir remando para que el barco acabe hundiéndose de todas formas”, explica una de estas fuentes. Tal como adelantó El Confidencial, el plan de Lazard requiere a los bancos un préstamo adicional de 150 millones para asegurar la continuidad del negocio a la espera de que se puedan vender los principales edificios propiedad de la compañía sin tener que aceptar precios ridículos por ellos. Con ese dinero se liquidará la deuda con los acreedores no financieros. Además, el plan prevé una reducción al mínimo imprescindible de los gastos y las inversiones y un aplazamiento del pago de la deuda bancaria (que roza los 5.000 millones de euros) durante tres años. A cambio de estas concesiones, las entidades podrán nombrar un controller que controle la gestión de la compañía durante esos tres años, con lo que Santamaría perdería sus funciones ejecutivas. Si KPMG concluye que Reyal Urbis no tiene futuro de ninguna de las maneras, las entidades no perderán más tiempo e instarán el concurso. Pero si encuentra motivos para la esperanza, lo normal es que los acreedores se adhieran al plan. “La banca no tiene ningún interés en poner más dinero en Reyal Urbis, pero está dispuesta a hacerlo si ve que efectivamente puede recuperarlo en poco tiempo con la venta de activos”, explica otra de las fuentes. “150 millones no es tanto dinero y, además, la alternativa es el concurso, así que lo lógico es ponerlo”, añade. Mejoran las perspectivas, pero… A pesar de que las perspectivas han mejorado notablemente con la entrada de Lazard y de que el sentimiento es positivo en el sindicato, hay entidades que mantienen serias reticencias a aceptar la refinanciación. Las fuentes consultadas coinciden en que el más reacio es Barclays, entidad que también ha puesto bastantes obstáculos en otras refinanciaciones de grandes inmobiliarias. Además, Santander y Banesto se han quedado ya con activos de la inmobiliaria por 1.400 millones, y un juez podría anular estas operaciones en caso de concurso. La deuda de 5.000 millones de Reyal Urbis se reparte entre 49 entidades diferentes. En especial, hay cuatro con una exposición cercana o superior a los 400 millones de euros cada una: Santander (principal acreedor de la histórica inmobiliaria de Banesto), Barclays, BBVA y Caja Madrid. En todo caso, estas buenas vibraciones no garantizan nada: en el reciente caso de Nozar, la situación era muy parecida, con el añadido de que los bancos acreedores estaban muy satisfechos con la gestión de la crisis realizada por Luis Nozaleda, a diferencia de lo que ocurre con Santamaría. Además, el préstamo adicional que solicitaba la compañía era de sólo 70 millones. Y aun así, la inmobiliaria acabó en concurso. KPMG, en todas las salsas La elección de KPMG para realizar esta labor se basa en su expertise en los procesos de refinanciación de empresas del ladrillo: ha estado presente en prácticamente todos los casos relevantes, y su actuación siempre ha sido muy bien valorada por la banca. Eso es lo que confiere tanta credibilidad a sus conclusiones como base de la decisión definitiva en Reyal.

cotizalia.com